El Ayto de Estepona pagará ahora 10 millones de euros por sentencias condenatorias contra anteriores Gobiernos

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El Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno Local la adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales; una medida auspiciada por el Gobierno central para favorecer la sostenibilidad financiera de las entidades locales mediante la posibilidad de financiar el pago de sentencias judiciales firmes a través de préstamos con importantes ventajas económicas.

En concreto, esta medida implicará la concertación de préstamos por importe total de diez millones de euros para la extinción de deuda procedente de sentencias judiciales por importe total de 13 millones de euros, ya que el área de Hacienda del Ayuntamiento ha logrado negociar quitas económicas en estas sentencias por importe de tres millones de euros. El edil del área Económica, Manuel Aguilar, ha explicado además que la adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales permite reducir los intereses a abonar por el Ayuntamiento, ya que los de estos préstamos bancarios son inferiores a los intereses legales y moratorios de estas sentencias judiciales.

Aguilar ha señalado que con la adopción de este acuerdo se abunda en la gestión iniciada en el anterior mandato, dirigida a poner orden en las cuentas municipales. De esta forma, el edil ha recordado que el Ayuntamiento de Estepona acumulaba al inicio de la gestión del actual gobierno, en junio de 2011, reclamaciones económicas por un importe total de 55 millones de euros fruto de sentencias judiciales firmes condenatorias por incumplimientos generados por equipos gobiernos anteriores.

El Consistorio ha reducido -en los últimos cuatro años- en un total de 39 millones de euros las cantidades reclamadas por este concepto. Si bien, se ha referido “al goteo constante” que recibe la Administración local de sentencias condenatorias por los “incumplimientos y despropósitos” de gobiernos precedentes, lo que, según ha dicho, ha provocado que la deuda por sentencias judiciales haya seguido aumentando de forma progresiva en estos años.

Aguilar ha subrayado que “ninguna de estas condenas es consecuencia de la gestión de este equipo de gobierno porque respondemos siempre a nuestros compromisos”. Así, como ejemplos de estas reclamaciones ha citado la correspondiente a la ejecución de obras, en 2005, en el IES Mar de Alborán que ha conllevado una condena de cinco millones de euros al Ayuntamiento por impago de las mismas; la anulación de una licencia de obra durante el gobierno del PSOE que ha supuesto una indemnización de 1,7 millones de euros o la ejecución de forma indebida de unas obras de demolición en Cancelada que ha implicado una indemnización de 1,8 millones de euros.

El responsable del área económica ha reiterado la disposición del equipo de gobierno a hacer frente a la deuda heredada para “seguir dando estabilidad a un ayuntamiento que no genera conflicto y que cumple de forma responsable con todos los organismos supramunicipales”.

Cabe recordar que para acogerse a esta medida de ayuda articulada por el Gobierno central, el pleno de la Corporación aprobó el compromiso de dotar de una partida económica en el presupuesto de 2016 para hacer frente a futuras reclamaciones judiciales.