Citan a la exalcaldesa de Manilva y 7 personas más en el caso de presunto enchufismo

**Noticia de agencia.-

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha citado para el próximo mes de mayo a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Manilva Antonia Muñoz y otras siete personas, dentro de una de las piezas separadas del caso que se sigue en dicho órgano judicial por supuesto enchufismo en el Ayuntamiento del municipio.

Las comparecencias, en calidad de investigados, están previstas para el día 24 de dicho mes, según consta en la providencia de la magistrada, a la que ha tenido acceso Europa Press. Entre los citados están, además de Muñoz, tres ediles ahora en la oposición, dos exconcejales, un asesor jurídico contratado por la entonces alcaldesa y la hija de ésta.

Las citaciones serían dentro de la tercera de las piezas separadas de la causa, en la que se analiza el supuesto trasvase de fondos del Ayuntamiento a varias entidades municipales, así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello y el empleo del dinero. Se investigan, inicialmente, presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales.

Esta causa se dividió en tres piezas. En la parte principal se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa y otros ediles de pasadas legislaturas que están investigados.

A juicio de los investigadores, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos y de informes municipales, “se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales”.

En la segunda de pieza se investiga la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, como el marido; en concreto el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios “en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación”. Esas facturas fueron aprobadas en junta de gobierno local.