La reunión múltiple en Málaga sobre el futuro tren litoral ha finalizado con el anuncio, por parte del Gobierno Central, de licitar un estudio informativo del futuro tren litoral entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol en 2025. Antes consideran que se debería definir el modelo a aplicar tras conocerse la opinión de los Ayuntamientos y de la Junta de Andalucía. A La cumbre acudieron el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, el presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, y casi todos los 18 alcaldes convocados de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar. .
Tras la reunión se ha acordado abordar a corto y medio plazo este proyecto, para lo que se ha creado un grupo de trabajo. La principal opción es el tren de cercanías, en cuyo caso habría que definir sus fases. En cuanto a las bonificaciones de la AP-7 se pensaría en viajeros recurrentes como trabajadores y estudiantes.
Se ha previsto una nueva reunión para el primer trimestre de 2025.
Hasta 26 autoridades han participado en la cumbre, sobre la que el secretario de Estado cree que, dada la expectación, se debía haberse mantenido con anterioridad, al tiempo que ha expresado el compromiso del Gobierno para empezar a dar los pasos al objeto de realizar los estudios de viabilidad e informativo del tren.
Más allá del modelo ferroviario, ha apostado por consensuar actuaciones en movilidad y no esperar a la solución del tren, que llegará a largo plazo, sino «actuar ya» y se ha felicitado por la coordinación y la suma de esfuerzos para resolver los problemas planteados y la «imagen de unidad» entre administraciones al margen de siglas políticas.
Se ha referido al colapso de la autovía A-7 y se compromete a analizar medidas para lograr una mayor fluidez y descongestionarla, unido a una mejora del transporte público, mientras que en cuanto a las bonificaciones del peaje ha añadido que hay un contrato privado con la concesionaria y hay que analizar sus condicionantes.
También ha recordado la obligación general de trasladar un 40% del transporte en vehículos privados al transporte público en ciudades medias y grandes antes de 2030.
Distintos alcaldes han calificado la reunión «de constructiva y en positivo”, pero aclarando «que de forma paralela vamos a seguir reclamanda mayores y mejores infraestructuras para la zona».´
