**Nota de prensa de IU Manilva.-
El Ayuntamiento de Manilva no debe limitarse a realizar declaraciones de intenciones, sino que debe dar un paso al frente para paralizar el desahucio de las 62 familias afectadas. El motivo por el que se ha llegado a esta situación no es otro que el de una especulación sin freno que pone en riesgo el derecho a la vivienda. Las instituciones públicas tienen la obligación de hacer frente a la especulación según mandato constitucional y estatutario.
Las instituciones competentes, en este caso Ayuntamiento, Diputación al ser municipio menor de 20.000 habitantes y la Junta de Andalucía que tiene las competencias en materia de vivienda, no pueden ponerse de perfil cuando estamos en un momento de emergencia donde lo que corresponde es que todas las instituciones actúen para paralizar el desahucio.
Las instituciones locales y autonómicas han de tomar posición para evitar que 62 familias, con informes de vulnerabilidad y con menores a su cargo a partir del próximo martes se vean en la calle. El derecho a la vivienda hay que garantizarlo por parte de todas las administraciones.
En base a lo que trasladamos por carta al conjunto de administraciones con competentes a partir de la colaboración y cooperación técnica y económica se debe abordar de una manera urgente, la opción de tanteo y retracto, y en caso de su no procedencia, ejercer o solicitar que se inicie un expediente de expropiación en base al interés general. Hay causa expropiatoria: la emergencia habitacional que sufre un municipio con más de 700 familias demandantes de viviendas, y emergencia humanitaria cuando 62 familias, con informes de vulnerabilidad y con menores a cargo pueden verse en la calle.
Estamos en un caso de especulación de libro, donde un fondo buitre pretende negocio con el derecho a la vivienda. Por lo que el punto de partida debe ser la paralización del desahucio: no podemos permitir que sea normal que un fondo buitre compre unas viviendas por 14.000 euros, ponga en la calle a 62 familias para después venderlas por, cuanto menos, 180.000 euroS.
La constitución y el estatuto de autonomía mandata al conjunto de administraciones a actuar frente a la especulación. En base a ello se deben utilizar todas las herramientas legales para que desde lo público se adquieran esas viviendas, aumentando un parque público de viviendas que en la propia moción se dice que es insuficientes y posteriormente ponerlas al servicio de las ciudadanía en alquiler accesible.
