El Gobierno de Gibraltar presenta una Propuesta de Ley para enmendar la legislación acerca del aborto

Una vez más, el Gobierno de Gibraltar desea agradecer al gran número de personas y organizaciones que se tomaron el tiempo de presentar sus valiosas y atentas respuestas al Borrador Parlamentario sobre el aborto. El Comité Interministerial sobre el Aborto ha tenido la ocasión de examinar estas respuestas y ha concluido su proceso de consulta con diversos grupos de la comunidad y con los diversos colectivos y asociaciones que querían presentar sus observaciones en persona. En el marco de este asunto tan delicado e importante, resultaba fundamental que el Gobierno se tomara su tiempo para realizar una consulta lo más exhaustiva y pertinente posible.

Tal y como recordará la comunidad, el proceso de consulta sobre el aborto fue impulsado, exclusivamente, por el caso del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la legalidad de la Ley del Aborto en Irlanda del Norte. En ese caso, la mayoría del Tribunal explicó que la ley actual en Irlanda del Norte resulta desproporcionada e incompatible con el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que prohíbe el aborto en los caso de (a) anomalía mortal en el feto, (b) embarazo como resultado de una violación y (c) embarazo como resultado de incesto. El Artículo 8 del Convenio Europeo es prácticamente idéntico a la Sección 7 del Decreto Constitucional de Gibraltar de 2006 (Gibraltar Constitution Order 2006).

El caso de Tribunal Supremo relativo a la Ley de Irlanda del Norte implica que Gibraltar debe actuar para garantizar la compatibilidad de la legislación gibraltareña con el Derecho del Convenio Europeo en relación con la intimidad y la vida familiar y, más concretamente, nuestra propia Constitución.

Así pues, se ha advertido al Gobierno que nuestra legislación actual ya no es compatible con nuestra Constitución y que el Gobierno debe emprender medidas legislativas urgentes.

No obstante, el Gobierno es consciente de la necesidad de proceder de forma respetuosa, cumpliendo las obligaciones legales internacionales y reflejando el interés público.

Como resultado, el Gobierno publica hoy un Proyecto de Ley para enmendar la Ley Penal (Crimes Act) de 2011.

El Borrador Parlamentario, publicado con anterioridad para su consulta, establecía, entre otros aspectos, que los lugares en que se podían llevar a cabo las interrupciones de embarazo estarían limitados a aquellos autorizados por el Ministerio de Salud, aun fuera de Gibraltar. El Borrador Parlamentario también especificaba los casos limitados en los que el aborto es legal.

En primer lugar, las circunstancias en las que se propuso que el aborto estuviera permitido serían aquellas en las que la continuación del embarazo conllevara un riesgo para la vida de la mujer embarazada o daños físicos o mentales graves. En segundo lugar, el Gobierno consultó si debería estar permitido interrumpir el embarazo cuando solo la salud del feto sufra una anomalía fetal mortal o, si naciera el bebé, fuera a sufrir anomalías físicas o mentales tales que supusieran una minusvalía grave.

Los principales cambios a la Propuesta de ley, tras las consultas realizadas por el Comité Interministerial, serán los siguientes:
• Despejar cualquier duda en cuanto a que únicamente los profesionales sanitarios de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) pueden certificar que la interrupción del embarazo es legal en las circunstancias en cuestión. Los profesionales sanitarios que no pertenezcan a la GHA solo pueden interrumpir un embarazo cuando exista una necesidad inmediata para salvar la vida de la mujer embarazada o para evitar daños graves permanentes a su salud física o mental;
• Estipular que el periodo en que se puede interrumpir el embarazo se limita a doce semanas. Este es un punto sobre el que solicitamos específicamente la opinión de la comunidad; y
• No permitir los abortos en Gibraltar en los casos en los que, si naciera, el bebé fuese a sufrir anomalías físicas o mentales que le provocarían una discapacidad grave, dado que esto no está indicado por el fallo del Tribunal Supremo en Irlanda del Norte. Además, si bien la GHA ha financiado estas interrupciones durante décadas con distintos gobiernos, y seguirá haciéndolo, éstas se practican únicamente fuera de Gibraltar. Esto se debe a que la capacitación necesaria para ello no está disponible localmente. Estos abortos seguirán sin poder realizarse en Gibraltar, porque no se trata de una capacidad especializada que se vaya a implantar localmente. Si en un futuro el Gobierno de Gibraltar considerase que esta capacidad debe implantarse en Gibraltar, se deberá obtener la aprobación parlamentaria correspondiente para que dichas interrupciones se lleven a cabo en Gibraltar.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó: “No teníamos pensado abordar el debate sobre el aborto en esta legislatura. No obstante, debemos observar que, cuando se dio a conocer el fallo del Tribunal Supremo, nuestra comunidad se implicó en este importante debate de forma moderada y en un ambiente de respeto mutuo. Los grupos con los que nos reunimos y de los que hemos recibido comentarios, tanto dentro como fuera de Gibraltar, estaban totalmente de acuerdo en la importancia de los mecanismos de sanidad y apoyo social necesarios para las mujeres con embarazados no deseados. Debemos hacer especial hincapié en la educación sobre estos temas en nuestros colegios, de cara a garantizar que siempre estemos actualizados. Puedo garantizar a nuestra comunidad que todas estas medidas estarán disponibles para cuando el Proyecto de ley se debata en el Parlamento y sobre los cuales realizaré los anuncios pertinentes en su debido momento. El apoyo sanitario, social y educativo que ofrezcamos será tan importante como la enmienda a la Ley. Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que han participado en la consulta y a mis compañeros del Comité Interministerial por el trabajo que han desarrollado conmigo para la preparación de esta legislación. El Ministro de Salud, Asistencia y Justicia, Neil Costa, presentará el Proyecto de ley ante el Parlamento, dado que se deberán implementar cambios en la Ley Penal que él, como Ministro de Justicia, promoverá y más dado que también está relacionado con su responsabilidad ministerial en términos de asistencia sanitaria y social”.