El Juzgado de Estepona acuerda el sobreseimiento de la causa para 39 investigados en el Caso Astapa

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**Nota de agencias.-

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional del caso Astapa, contra la supuesta corrupción política y urbanística en dicho municipio, respecto de 39 personas, tras haberlo solicitado el ministerio fiscal en su escrito de acusación. Así consta en un auto del juez instructor, en el que se indica que “resulta vinculante la petición de sobreseimiento formulada por el ministerio fiscal en su escrito de acusación”, por lo que apunta que debe acordarse, continuando el resto de la tramitación. El instructor señala en su resolución, que se puede recurrir tanto en reforma como en apelación, que en este procedimiento, aunque existen acusaciones particulares personadas, “no se ha presentado escrito de acusación -ni de adhesión al del fiscal-” por parte de estas en el plazo concedido y reiterado.

En sus conclusiones provisionales, la acusación pública explicaba la investigación llevada a cabo sobre el periodo comprendido entre 2003 y mediados de 2007 y las actuaciones municipales realizadas sobre todo en urbanismo. La causa llegó a tener más de 100 investigados, que finalmente se quedaron en 90. Además del sobreseimiento de la causa para 39 investigados, el fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral respecto a otras 51 personas, entre ellas el ex alcalde Antonio Barrientos, para el que pide diez años y nueve meses de prisión. Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación -que van en concurso-; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado. Además del exregidor, están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, así como empresarios y empleados municipales.

La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona a raíz del caso Astapa. Así, considera que Barrientos y esos otros principales acusados deberán indemnizar de forma solidaria al Consistorio con dicha suma “a integrar en el Patrimonio Municipal del Suelo”. Según la Fiscalía, estos seis políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones “orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios” para “financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición” y también presuntamente para beneficio propio.

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos “tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica” en el municipio, pero “en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios”. “Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una Caja B, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios”, dice la Fiscalía.

Manipulación en facturas
El auto del juez instructor refleja que hubo “manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisión de otros documentos falaces”. Los empresarios, según el fiscal, “solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio”. Por eso, en los años siguientes, supuestamente, “se normalizó una práctica irregular que supeditaba las iniciativas relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido”, de forma que se condicionaba la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios y licencias. En la causa se han detectado medidas por parte de los principales acusados, “tendentes a beneficiar a empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para ellos o sus partidos, según el fiscal.