El PSOE de Marbella se persona en la causa que investiga contrataciones de alta dirección en el Ayuntamiento

El concejal del PSOE de Marbella, José Bernal, ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucción número 3 ha admitido al grupo municipal socialista que se persone como acusación popular en la causa en la que se investigan las contrataciones en el Ayuntamiento de cargos de alta dirección que realizó el PP en mandatos anteriores. Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha avanzado que el juez ha citado a los cargos de confianza los días 11, 18 y 25 de septiembre para “dirimir la responsabilidad de esas contrataciones”.
“El cerco contra la alcaldesa se estrecha”, ha añadido Bernal sobre Ángeles Muñoz que, por su condición de senadora, está aforada. Asimismo, ha señalado que la representación legal de su formación la asume el abogado José Mariano Benítez de Lugo, del que el concejal marbellí ha destacado que “consiguió sentar en el banquillo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el caso Gürtel” como testigo. El edil socialista ha recordado que su formación, entonces al frente del Ayuntamiento junto a IU y OSP, puso en conocimiento de la Fiscalía a inicios de 2017 un total de 12 contrataciones de cargos de confianza de alta dirección que, a juicio del PSOE, se habían producido de forma irregular.
Ha señalado que “hay sentencias en los juzgados de lo Social que así lo demostraban. Además, había informes elaborados por técnicos municipales que señalaban que las contrataciones habían causado un perjuicio para las arcas municipales que rondaba los 300.000 euros al año”. De los 12 cargos con contratos de alta dirección, ocho lograron reincorporase al Ayuntamiento tras sentencias judiciales favorables y los otros cuatro percibieron una indemnización.
Según Bernal, la regidora es la que firma los contratos y, además ha considerado que “Muñoz tiene que dar la cara ante los juzgados y no parapetarse en su condición de aforada”. El concejal ha asegurado que en las contrataciones “existe un claro caso de enchufismo al no haberse producido ningún proceso selectivo y haberse encadenado sucesivas prórrogas en fraude de ley. Los supuestos delitos ya están calificados de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos”, concluyó.

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