El Supremo valida en una sentencia un mecanismo urbanístico usado 13 años antes por la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella

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**Nota de prensa de la Fundación FYDU.-

La abogada experta en derecho administrativo Carmen Domínguez, participante de los XVI Cursos de Urbanismo de Marbella organizados por FYDU, se refirió a la resolución del Tribunal Supremo al explicar los aspectos judiciales de la compensación como método de la ejecución del planeamiento. Señaló que es el sistema que “más litigiosidad y problemas genera”. En este sentido aludió una sentencia de 8 de junio de 2020 del Supremo que resuelve que en los supuestos de “declaración de innecesariedad de la reparcelación” no hace falta “esa notificación individual a cada uno de los afectados” y es suficiente con “la publicación general que establecen las leyes de procedimiento”.

El alto tribunal se pronunció de esa forma ante un procedimiento iniciado en 2012 por un particular contra el Ayuntamiento de Marbella por no haberle notificado “individualmente” y haberlo hecho mediante el “sistema publicación” en un caso de “declaración de innecesariedad de reparcelación”, dando así la razón al Consistorio marbellí.

Domínguez indicó a ese respecto que la sentencia del alto tribunal “no ha generado aún jurisprudencia”, pero su argumento es “contundente y sólido” y en ese sentido “habrá de tenerse en cuenta” en sucesivas causas similares. Recalcó no obstante que en los casos en los que sí sea necesaria la reparcelación urbanística, se debe notificar individualmente a los afectados ya que la LOUA es “muy clara” en ese supuesto.

Sistemas de ejecución de planeamiento

La letrada explicó además durante su intervención que el sistema de compensación es aquel en el que los responsables de su ejecución son los propietarios, que aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, y los urbanizan conforme al planeamiento.

Junto a Domínguez intervino el abogado experto en urbanismo Manuel Jiménez quien analizó el papel de las juntas de compensación que han de constituirse en los casos en los que hay varios propietarios que acumulan más del 50% de la superficie. Resaltó lo que sucede en el Ayuntamiento de Mijas, “el único de la provincia que obliga a que el domicilio” de estos órganos esté en el mismo término municipal que los terrenos. Se da el caso real de la junta de compensación del Hipódromo de la localidad, añadió, en el que ninguno de los propietarios tiene su domicilio en el término mijeño y la junta “ha tenido que fijar su domicilio en un hotel”. Jiménez calificó de “absurdo” dicha normativa porque “no hay mucha diferencia entre que el domicilio esté en Mijas, en Málaga o en Torremolinos”. En este sentido añadió que “otra cosa sería que los terrenos estuvieran en Mijas y la Junta de Compensación tuviera el domicilio en La Coruña”.

Ambos ponentes explicaron también los sistemas de cooperación que, al contrario que el de compensación, apenas provoca litigiosidad y en los pocos casos que lo hace, “en la mayoría de ellos” termina con el desestimiento de los recursos interpuestos. Respecto a la expropiación, Jiménez y Domínguez señalaron que plantea “muchos conflictos” sobre todo “en la determinación del justiprecio y en la correcta valoración de las parcelas”.

Domínguez abundó en las expropiaciones por ministerio de ley en las que pueden existir discrepancias respecto del justiprecio determinado por la Comisión Provincial y el ayuntamiento en cuestión que acabe impugnando el procedimiento porque “no esté de acuerdo en que sea un sistema dotacional, ni en la valoración hecha”.

A este respecto consideró que cuando se produzca “esa dualidad”, ambos recursos deberían “acumularse”, resolverse al mismo tiempo “cuando lo que se discuta sea la cuantificación y la valoración de las parcelas”.

Sobre la fundación FYDU:

Fydu es una organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son esencialmente la difusión del conocimiento del urbanismo a través de la organización de cursos, seminarios o ayudas a la investigación.

La fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y es miembro de la asociación de fundaciones de Andalucía.

Tiene su sede en Marbella (Málaga) y su consejo directivo lo forman el presidente, Alejandro Javier Criado Sánchez, el vicepresidente Gerardo Roger Fernández, y la secretaria, Gema Guerrero Sánchez.