El Tribunal Supremo anula el PGOU de Marbella del año 2010 que legalizó 16.500 viviendas

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**Nota de agencia.-

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 2010, un documento que debía devolver a la ciudad la seguridad jurídica, los suelos de equipamientos públicos y que legalizó más de 16.500 viviendas construidas irregularmente durante 16 años de gobiernos del GIL. En tres sentencias distintas difundidas este miércoles, el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rechazaron sus impugnaciones contra el nuevo plan.

Las tres resoluciones del Supremo llegan a la misma conclusión: el planeamiento vigente de Marbella es nulo de pleno derecho por varios motivos, como que el PGOU no tenía potestad para legalizar lo ilegalmente construido; que no cumple las normas de evaluación de los efectos medioambientales; y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.

El plan de 2010, redactado por el urbanista Manuel González Fustegueras, tuvo el apoyo consensuado de los dos principales partidos (PP y PSOE), pero resultó controvertido desde el principio y contó con decenas de impugnaciones. La mayoría de los recursos tenían que ver con el sistema de compensaciones que estableció el PGOU para normalizar las numerosas situaciones irregulares en las que se encontraban miles de viviendas que habían sido construidas contraviniendo el planeamiento entonces vigente, que hasta la aprobación del nuevo plan, era el de 1986. El plan contemplaba legalizar hasta 16.500 viviendas mediante el pago de compensaciones económicas y en suelo. Dejó fuera de la ordenación otras 1.500 y hay sentencias que han declarado ilegales construcciones que el plan normalizaba y propietarios que no aceptan pagar compensaciones.

Situación excepcional
El alto tribunal admite en sus resoluciones el “excepcional” el contexto en el que se aprobó el PGOU marbellí y asegura ser consciente de “la situación de generalizada ilegalidad urbanística” existente en el municipio, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo “al margen —o contra—” lo previsto en el anterior plan del municipio de 1986. “Igualmente —dada la generalizada amplitud de ilegalidad— somos conscientes de la excepcionalidad de la situación creada, con repercusiones en el ámbito de la gestión política de la ciudad”, señalan los jueces en referencia a la disolución del Gobierno municipal de Marbella por parte del Ejecutivo central. El Supremo alude también a las condenas judiciales contra exalcaldes, funcionarios y promotores urbanísticos del municipio.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso también aseguran ser conscientes del intento municipal y autonómico (la Junta apoyó la revisión del plan y dio el visto bueno al documento definitivo) para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad. Pero advierten que su obligación es controlar la legalidad de ese documento y sostienen que no pueden avalarlo. Las razones por las que se anula el plan son varias. La primera, porque el Supremo cree que el Ayuntamiento no tenía la potestad para legalizar, a través del PGOU, las miles de viviendas construidas ilegalmente. Y tampoco podía, según los jueces, “alterar o desfigurar” el concepto de “suelo urbano consolidado”.

El plan obligaba a los promotores con viviendas y construcciones susceptibles de ser legalizadas a hacerse cargo de las compensaciones para legalizar los inmuebles, una decisión política que, según el Supremo, no es legal. “No resulta jurídicamente posible proceder a la alteración por el planificador de los mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes urbanísticos, considerando como principio esencial la atribución de la misma a los promotores de las construcciones en contra de lo previsto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008”, advierten los jueces.

Además, el Supremo apunta que el nuevo PGOU incumple la exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental, ya que el estudio que hizo no analizaba las posibles alternativas a la finalmente propuesta, “ni siquiera las identifica”. Asimismo, el documento tampoco tenía un informe de sostenibilidad económica.