El TS confirma que el ERE en el Ayto de Estepona es “ajustado a derecho”

El pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJA que declara “ajustado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo por el Ayuntamiento de Estepona en 2012, y que supuso el despido de 176 trabajadores por causas económicas y organizativas. Además, la sentencia absuelve al Consistorio de las acusaciones formuladas por el Comité de Empresa del Consistorio y por los sindicatos CCOO, UGT, ATAE y CSIF.
En el ERE, el Ayuntamiento esgrimió “causas objetivas” de naturaleza económica y organizativa, que justificaban la necesidad de reducir la plantilla, como la obligación legal de reducir en 6 millones de euros el gasto de personal para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria exigido por la Ley. Este recorte ha permitido al Consistorio hacer frente a las deudas heredadas de anteriores equipos de gobierno, y que sumaban 300 millones de euros en 2011, así como ofrecer más servicios a los ciudadanos y acometer inversiones en la localidad.
La reducción del gasto de personal también permitió al Consistorio llevar a cabo un Plan de Pago a Proveedores articulado por el Gobierno de España, que abonó facturas impagadas por el anterior gobierno socialista durante el periodo 2008-2011, y que sumaban más de 66 millones de euros.
Antes de iniciarse el ERE, la plantilla municipal ascendía a 1.362 empleados, con un coste que superaba el 90% de los ingresos, lo que tornaba la situación “insostenible desde el punto de vista económico”, según argumentó el Ayuntamiento, que además asegura que el expediente “se abordó después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles”.
Las propuestas presentadas por éstos “quedaron muy lejos del objetivo necesario de reducir el gasto en seis millones de euros”, partiendo del compromiso firme del Consistorio de no subir los impuestos a los ciudadanos “porque era injusto que las familias costearan la mala gestión y el despilfarro de anteriores responsables municipales”.
Los despidos únicamente afectaron a personal laboral con acceso a la administración sin proceso selectivo, que fueron seleccionados en una lista confeccionada “según los criterios objetivos, y sin que se vulneraran los derechos de los trabajadores”, según fuentes municipales. En junio de 2013, el Ayuntamiento de Estepona inició un plan de recolocación para los empleados afectados por el ERE, que durante siete meses recibieron orientación laboral, técnicas para el emprendimineto, formación y apoyo para la búsqueda activa de empleo.
La sentencia del Tribunal Supremo avala la legalidad del ERE y rechaza la demanda presentada por los sindicatos, si bien no descarta la posibildiad de que los trabajadores afectados emprendan demandas a nivel individual en función de la situación laboral de cada uno.