La concesión de nuevas licencias urbanísticas en Marbella por valor de casi 6,4 millones € evidencia que la actividad urbanística sigue adelante

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La Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado nuevas licencias urbanísticas en Marbella, por un total de 6.391.791 euros, “dejando patente que la actividad urbanística continúa adelante en la ciudad, pese a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010”.

Así lo ha anunciado el portavoz municipal, Javier Porcuna, quien ha explicado que “si a esta cantidad le sumamos el montante del último semestre desde que el Equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento, a finales de año superaremos los 85 millones de euros en inversiones urbanísticas”.

En concreto, las licencias aprobadas hoy se refieren a un proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en urbanización Marbella por 761.701 euros, otro proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar en la urbanización Cascada de Camoján por 1.289.238 euros y otro proyecto de ejecución de ocho viviendas plurifamiliares y piscina en la urbanización Señorío de Marbella por 2.031.235 euros.

Asimismo, se ha dado luz verde al proyecto de ejecución de demolición de una vivienda unifamiliar en la urbanización Guadalmina por 859.957 euros, así como a una licencia de obra de un proyecto básico de ejecución de una vivienda unifamiliar en la urbanización Altos de Los Monteros por 924.718 euros y a un proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar en la urbanización Santa Clara por 524.942 euros.

Ahorro a las arcas municipales

Por otra parte, el portavoz municipal ha dado cuenta de una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pagar a una empresa 6.420.000 euros, “reduciéndose esta cantidad en casi tres millones, hasta 3.607.000 euros, gracias a la intermediación del Equipo de Gobierno y de los Servicios Jurídicos”, ha señalado.

En este sentido, Porcuna ha detallado que “se trata concretamente de un recurso contencioso-administrativo de la sociedad Marbella Palace 3000, que había planteado una reclamación en el año 2004 solicitando el cumplimiento de un convenio urbanístico que había suscrito dicha sociedad y el Consistorio en enero 2003” y ha especificado que “a través de ese convenio el Ayuntamiento tenía un edificio que era propiedad de esa sociedad, con el objeto de calificar la parcela como zona verde y destinarla a la construcción de una plaza”.

A cambio, según el portavoz, “se entregaba un aprovechamiento urbanístico de más de 14.000 metros cuadrados, aunque el convenio no se llegó a ejecutar y la sociedad presentó un contencioso porque se veía perjudicada por la situación y finalmente, el tribunal obligó al Ayuntamiento a pagarle una cantidad compensatoria además del cálculo de los intereses”.