La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol pide una fuerte campaña promocional para nuestro turismo

La asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, presidida por Margarita del Cid, ha comenzado su sesión de hoy con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París.
Tras este emotivo acto, la unanimidad de los miembros de la Asamblea ha reclamado, en sendas mociones institucionales, una solución para las escuelas de hostelería y para el urbanismo de la Costa del Sol.
En la primera, los miembros de la asamblea señalan que “la historia reciente de la prestigiosas escuelas de hostelería de La Cónsula, La Fonda y Cio Mijas se presenta como un cúmulo de errores y es el más claro ejemplo de aquello en lo que no deben convertirse las administraciones: en entes obstruccionistas en lugar de facilitadores. Tras haber sido noticia por los nombres de los chefs que en ella se han formado, así como por sus altas tasas de empleabilidad, han pasado a serlo por los impagos a docentes y proveedores.
De ese modo, prosigue la moción, “los problemas económicos y de gestión han situado al borde del precipicio a estos centros de referencia en la formación de los profesionales de la hostelería y, lejos de reconocer el problema y afrontarlo con la seriedad y rigor que merece, se han venido realizando continuas promesas que se han ido incumpliendo y que han demostrado ser una huida hacia delante”.

El texto reconoce que “la realidad es que La Cónsula, La Fonda, y Cio Mijas siguen sin funcionar con normalidad. Los profesores de La Cónsula llevan meses sin cobrar las nóminas y desconocen cuándo podrán comenzar las clases. El Cio Mijas lleva sin oferta formativa más de dos años y los trabajadores contratados por el consorcio más de un año sin cobrar. A esto se suma la situación que se vive en La Fonda, donde una comisión judicial embargará los bienes de este centro, por lo que los alumnos podrían encontrarse con unas cocinas vacías y sin materiales. Profesores y alumnos lamentan que la solución siempre está “a punto de llegar” pero nunca llega y eso hace que hayan perdido la esperanza y la confianza. Tampoco se está cumpliendo el último acuerdo adoptado en el seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) en el que se acordó que la empresa regularizaría las cantidades adeudadas a los empleados antes del 5 de julio del presente, y se desconvocó con ello la huelga que habían convocado. La solución, según explicó el propio gobierno andaluz, pasaba por dar cumplimiento al decreto aprobado en octubre del pasado año en el que se acordaba cambiar la denominación y objeto del “Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos” a “Agencia Pública Andaluza de Formación y Educación” y aglutinar en esta agencia a todos los consorcios de formación de Andalucía. La realidad es muy diferente. Una vez más la Cónsula, La Fonda y el CIO Mijas son noticia estos días por falta de suministros para desarrollar la formación práctica, la ausencia de servicio de limpieza así como la carencia de algunos profesores. La incertidumbre sobre estos centros continua, ya que ahora se plantea una nueva hoja de ruta que estará lista para este mes, con el objetivo de ubicar a los consorcios dentro de la estructura de la Junta de Andalucía.
A la vista, concluye la moción, “de que La Cónsula, La Fonda y Cio Mijas siguen sin recuperar la normalidad, y atendiendo a las numerosas reclamaciones de empleados y a las inquietudes del alumnado”, los grupos políticos que conforman la asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidenal han acordado “instar a la Junta de Andalucía a que, de forma urgente, adopte las medidas necesarias para el normal funcionamiento de la escuelas de hostelerías La Cónsula, La Fonda y CIO Mijas, y garantice que el curso pueda comenzar lo antes posible al 100% y con las máximas garantías posibles.

Al mismo tiempo, solicitan “al gobierno andaluz que garantice la estabilidad de los empleados de La Cónsula, La Fonda y CIO Mijas y les abone de inmediato las nóminas que les adeuda y que constituyen, en muchos casos, el único ingreso que entra en los hogares de dichos trabajadores”. También se pide “a la Junta que salde las deudas contraídas con los proveedores de La Cónsula, La Fonda y Cio Mijas” y pide a la administración autonómica “que se arbitre un sistema correcto y alternativo para el pago puntual de nóminas a empleados y proveedores”.
Por otra parte, y en relación con las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella y el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol, la asamblea de la Mancomunidad, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos que la integran, ha manifestado mediante una moción institucional que dichas sentencias “han causado una innegable y evidente preocupación en los principales sectores económicos de nuestra comarca”.

De ese modo, la moción señala que “a las administraciones públicas con competencia en la materia les corresponde llevar a cabo una importante labor pedagógica que entrañe el explicar lo ocurrido y sus consecuencias, así como adoptar las medidas que corresponda”.
La Mancomunidad de Municipios, prosigue la moción “a través de su área de Turismo, será sensible a esta situación en el diseño de sus actividades promocionales y, en ese sentido, desplegará un importante esfuerzo para tranquilizar a los principales mercados extranjeros y nacionales acerca de las consecuencias que para el urbanismo de la Costa del Sol, y más concretamente de Marbella, pueda entrañar las resoluciones adoptadas por los órganos judiciales anteriormente citados. En este sentido, el mercado británico, por sus características y peculiaridades así como por su relevancia en el diseño de las actividades promocionales y en el peso poblacional de nuestros municipios mancomunados, se erigirá en un objetivo prioritario”.
En definitiva, concluye la citada moción, “la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental desplegará cuantas iniciativas procedan, de manera autónoma o en coordinación con otras instituciones públicas, o incluso privadas, para transmitir una imagen adecuada, equilibrada y esperanzadora a nivel nacional e internacional, tras los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre nuestra comarca”.