La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur), la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture) y la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) manifiestan conjuntamente su rechazo a la propuesta del Gobierno de aplicar un IVA del 21 % a las viviendas de uso turístico y a los apartamentos turísticos.
La medida estaría incluida en el Real Decreto-ley en materia de vivienda que el Gobierno prevé someter a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo martes. Las tres entidades, que representan a más del 60 % de las viviendas de uso turístico gestionadas profesionalmente en España, consideran que esta modificación fiscal no contribuirá a resolver el problema de acceso a la vivienda y provocará un importante encarecimiento del alojamiento turístico.
Federatur, Aparture y AVVAPro comparten la necesidad de promover políticas públicas eficaces que favorezcan el acceso a la vivienda y permitan afrontar la actual crisis habitacional. Sin embargo, advierten de que la legitimidad de este objetivo no convierte automáticamente en adecuada o proporcionada cualquier medida adoptada en su nombre.
A juicio de las asociaciones, la aplicación de un IVA del 21 % no tendrá un efecto significativo sobre la oferta de viviendas de uso turístico ni permitirá incorporar un número relevante de inmuebles al mercado residencial. Por el contrario, el incremento fiscal terminará trasladándose al precio final y será soportado principalmente por las familias que eligen esta modalidad de alojamiento por su capacidad, flexibilidad y menor coste frente a otras alternativas.
«Compartimos la necesidad de adoptar medidas que mejoren el acceso a la vivienda, pero cargar un IVA del 21% sobre las viviendas de uso turístico no resolverá ese problema. Lo único que conseguirá será encarecer las vacaciones de miles de familias que encuentran en esta modalidad una opción de alojamiento asequible. No pedimos un trato de favor; pedimos igualdad de trato. Si hoteles y viviendas de uso turístico ofrecen servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado, no existe ninguna razón para que soporten una carga fiscal distinta», señalan conjuntamente las asociaciones