Marbella destinará bonificaciones fiscales y gratuidad de servicios para los vecinos del municipio

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La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha anunciado hoy una serie de bonificaciones fiscales que se llevará al pleno ordinario del mes de septiembre para su aprobación y que, sumada al mantenimiento de la gratuidad de servicios como el transporte público, supondrán un ahorro de 20 millones para los vecinos del municipio. La regidora, que ha comparecido junto al concejal de Hacienda, Félix Romero, ha subrayado que “todas estas medidas van encaminadas a mejorar la situación económica del tejido productivo de Marbella, porque es necesario hacer un esfuerzo en un momento tan complicado como este y que esos ingresos que el Ayuntamiento dejará de percibir queden en manos de los vecinos y de los sectores que generan empleo” y ha indicado que “servirán de base para los presupuestos del próximo año, que ya se están elaborando para que entren en vigor el 1 de enero de 2021, porque entendemos que presentarlos en tiempo y forma es clave de estabilidad y seriedad”.

Muñoz ha especificado que la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se aprobó inicialmente este verano y ahora se llevará a pleno para hacerlo de forma definitiva. Ha avanzado que “hemos incorporado todas las recomendaciones y alegaciones del sector, excepto las que no podían tener acomodo legal” y ha señalado que “le hemos hecho una petición de ayuda al Ministerio de Hacienda para poder bonificar el IBI de 2020 con carácter retroactivo, porque hay que hacerlo en el ejercicio previo, pero aún no hemos tenido contestación”. Las ayudas por este concepto son del 25% de la cuota íntegra en los inmuebles comerciales, industriales, de ocio y hostelería; están vinculadas al mantenimiento del empleo, y suponen una reducción de los ingresos previstos de 3,6 millones de euros. Ha avanzado que también se va a iniciar la tramitación para la bajada del tipo impositivo, que pasa de 0,65’3 a 0,63’1 y supone un descenso de unos 6 millones en la recaudación estimada con el tipo anterior, pasando de 125 a 119 millones de euros.

Otra de las medidas que se lleva a pleno para su aprobación definitiva es la bonificación del 50% de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para aquellos sectores de actividad comercial, industrial, de ocio y hostelería que tienen una recaudación superior al millón de euros. Muñoz ha precisado que esta ayuda está valorada en un millón de euros y pretende garantizar el mantenimiento del empleo en esos sectores ya que, como ha resaltado, “el Ayuntamiento considera que los trabajadores que están en un ERTE forman parte de la plantilla y, por tanto, las empresas pueden pedir esa bonificación”. Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ha recordado que entró en vigor de manera inmediata este verano al ser potestad de la administración local, y ha subrayado que “ha funcionado porque la recaudación ha sido mayor este año que el pasado, aunque tenga menor reflejo presupuestario al estar en parte subvencionado”.

Concretamente, se ha establecido una bonificación del 20% en la cuota para las empresas que hagan mejoras en sus establecimientos y tengan entre cinco y diez trabajadores en plantilla; un 30% para las que mantengan entre 11 y 50 empleados y un 50% para las que cuenten con más de 50 trabajadores. Esta ayuda se ha podido solicitar en el segundo semestre del año y se cifra en una reducción de unos 3 millones respecto a lo estimado inicialmente, por lo que, según ha señalado la alcaldesa, el impacto fiscal total superaría los 13 millones de euros, incluyendo el descenso del tipo impositivo, y serían casi 8 millones de forma directa, sin tener en cuenta esta reducción. Muñoz ha recordado que “a este paquete de medidas de bonificación fiscal también hay que añadir el programa de gratuidad de servicios como el del transporte público, que supone un ahorro de 6 millones para las familias, y la rebaja de cánones y concesiones, que se valora en un millón de euros” y ha afirmado que “es un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para dar capacidad económica a las familias, dificultado por la falta de flexibilidad del Gobierno central respecto al uso del remanente, pero que era absolutamente necesario en la situación de crisis originada por la pandemia”.

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