**NOTA DE PRENSA.-
La diputada de Podemos y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno medidas urgentes que eviten el desahucio colectivo de 62 familias residentes en un inmueble de Manilva, previsto para el próximo 24 de marzo.
Junto a Belarra y las familias han estado Martina Velarde, diputada, y Micaela Jiménez, candidata por Málaga a la Junta de Andalucía para trasladar una iniciativa que reclama la suspensión inmediata del lanzamiento, la expropiación del edificio por causa de interés social y su incorporación al parque público estatal de vivienda a través de la entidad “Casa 47”, con el objetivo de garantizar alquileres asequibles y estables a las familias afectadas.
Ione Belarra ha señalado que la situación constituye “una emergencia habitacional inaceptable” y ha defendido que el Estado debe intervenir para proteger a las familias. “No podemos permitir que más de 300 personas, entre ellas decenas de niños y personas vulnerables, sean expulsadas de sus hogares por la especulación. El derecho a la vivienda está por encima del negocio de los fondos buitre y el Gobierno tiene herramientas legales para evitar este desahucio”.
Desde el colectivo vecinal, Conchi López Reyes, una de las afectadas, ha pedido una solución urgente. “Somos 62 familias que vamos a ser desahuciadas el mes que viene. Estas viviendas se hicieron con derecho a compra, pero ese derecho se ha vulnerado. Se las han vendido a un fondo por 15.000 euros y a nosotros ahora nos piden 200.000, algo imposible para familias trabajadoras. Hay más de 50 niños y muchas personas vulnerables que se van a quedar sin casa. Somos casi 300 personas afectadas y necesitamos una solución”.
Por su parte desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juan José Sánchez Romero, ha advertido de posibles irregularidades en el procedimiento judicial: “El proceso presenta un posible defecto de forma. El juzgado pretende tomar posesión de 124 fincas cuando en la adjudicación solo figuran 59. Si existe ese defecto, el procedimiento podría ser nulo”.
Según la PNL registrada, el desahucio afectaría a más de trescientas personas, entre ellas menores, personas mayores y personas con discapacidad, lo que podría provocar situaciones de exclusión residencial y ruptura de vínculos sociales y educativos.
Podemos sostiene que la expropiación del inmueble y su integración en el parque público permitiría no solo resolver la emergencia inmediata, sino reforzar de forma estructural la vivienda asequible para prevenir futuros casos similares.
La formación solicita además que el Gobierno informe al Congreso de las actuaciones realizadas y del calendario previsto para regularizar definitivamente la situación habitacional de las familias.
