El PP pide una excepción para las viviendas no regularizadas por el parón del POT de la Costa del Sol

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La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido este jueves que se haga una excepción con todas aquellas viviendas que se iban a regularizar a raíz de la última modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y cuyo proceso ha quedado en suspenso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizará el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol.

“Mientras se da una solución al caos normativo de la Junta de Andalucía en esta materia, que al menos esas viviendas que ya cumplían con la ley puedan quedar regularizadas lo antes posible”, ha subrayado la dirigente popular durante un encuentro con más de una veintena de vecinos de la zona de la Alberquilla, en el municipio de Mijas, en el que ha estado acompañada por el presidente del PP mijeño, Ángel Nozal.

En este sentido, Navarro ha advertido de que en el caso de Mijas hay 4.000 familias que se ven afectadas por “la nefasta gestión urbanística” del PSOE de Andalucía. “No pueden regularizar sus viviendas, lo que conlleva que tampoco pueden regularizar el saneamiento o los servicios de luz y de agua, además de la consecuente falta de seguridad jurídica”, ha resumido la dirigente popular.

Navarro ha recordado que el origen de este problema, que los mijeños afectados sufren desde hace décadas, “es el desastre de la gestión urbanística de la Junta”, que se traduce en “una amalgama de normativas que se han ido sucediendo una tras otra, contradiciéndose entre sí y generando confusión”.

Como ejemplo, la secretaria general de los populares malagueños ha comentado que la LOUA, que data de 2002, cuenta ya con hasta doce modificaciones, que son “doce parches que no han solucionado ninguno de los problemas que acucian y preocupan a los afectados de las viviendas irregulares”.

No obstante, ha recordado que se generó mucha expectación hace año y medio cuando la doceava modificación de la LOUA permitía la regularización de todas aquellas viviendas aisladas en suelo no urbanizable, lo que en el caso de Mijas afectaba al 98 por ciento de las viviendas en situación de irregularidad.

“El problema es que todo quedó en suspenso después de que el TSJA tumbara el POT de la Costa del Sol, lo que conllevó la paralización de las tramitaciones relativas a las cuestiones urbanísticas”, ha lamentado Navarro, que ha añadido que supuso igualmente “un parón en ese camino que se había iniciado para regularizar las viviendas de Mijas y de paso, devolverle su buena imagen y prestigio, afectados por esta situación”.

En cualquier caso, independientemente de la situación de Mijas, para cuyas viviendas Navarro ha pedido una excepción y que por fin puedan ser regularizadas, la dirigente popular ha recalcado que el problema es mucho mayor, ya que en el conjunto de la provincia hay un total de 50.000 viviendas irregulares, que alcanzan las 300.000 en el caso de toda Andalucía.

“Con la última modificación de la LOUA, beneficiosa para el caso particular de Mijas, sólo se planteaba la regularización de un diez por ciento del total de viviendas en esta situación, por lo que aún hay mucho por hacer si el PSOE al frente de la Junta muestra interés en arreglar este caos urbanístico”, ha sostenido.

Por esta razón, junto a la excepcionalidad para ese diez por ciento de viviendas en el conjunto regional que iban a poder quedar regularizadas, Navarro también ha exigido “un compendio, una unificación de toda esa normativa existente, dispersa, contradictoria entre sí, de tal forma que se unifiquen criterios y que por fin contemos con una normativa urbanística clara y que genere seguridad tanto a los ciudadanos como a los ayuntamientos”.

Asimismo, ha pedido al Gobierno socialista de Susana Díaz que “de una vez por todas impulse una ley de punto y final, de tal forma que se establezcan las condiciones para que no se vuelva a construir una vivienda fuera de ordenamiento y de la ley; a la vez que se permita la regularización de todas aquellas que ya están construidas, porque no estamos hablando de ladrillo, sino de viviendas familiares que merecen contar con una seguridad jurídica que ya tendrían si no fuera por la mala gestión que hace siempre el PSOE de los asuntos urbanísticos”.