El PSOE llevará a pleno una moción para instar al bipartito de Marbella licitar la redacción del nuevo PGOU

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Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Marbella, José Bernal e Isabel Pérez, han anunciado hoy que llevarán una moción al próximo pleno municipal para instar al Gobierno a sacar un concurso para redactar el nuevo Plan General, y han instado además a que se puedan consultar las viviendas clasificadas como irregulares y con licencia anulada.

Bernal ha recordado que cuando se anuló el Plan General elaborado por el Partido Popular en noviembre de 2010, “los que conformaban entonces la oposición, con Ángeles Muñoz a la cabeza, nos solicitaron desde el minuto uno la elaboración de un nuevo documento”, y ahora vemos que “han pasado seis meses desde la moción de censura, y continúan sin dar pasos en este sentido, pese a que las bases estaban asentadas”.

El concejal recordó que el equipo jurídico para la realización del pliego de la redacción del PGOU se contrató en “nuestra etapa de Gobierno”, y aseguró que “ahora es el momento de empezar un nuevo Plan General, pero el Partido Popular y Opción Sampedreña no tienen tanta prisa”.

Por su parte, Isabel Pérez, ha indicado que “ahora es el momento, tenemos el Plan del 86 a pleno rendimiento, capaz de soportar el tiempo de redacción de un nuevo plan general, con el texto refundido hecho y la adaptación prácticamente lista, al igual que la modificación de las normas urbanísticas”.

Pérez puso de manifiesto que “en julio de 2017 firmamos un contrato con el equipo jurídico que iba a elaborar el pliego para la contratación del equipo redactar del nuevo Plan General, su duración era de seis meses, tiempo que ya ha pasado”.

“Transcurridos tres meses solicitamos una reunión con este equipo, pero el PP no nos ha concedido ese encuentro”, declaró Pérez, por lo que denunció que estos hechos evidencian que “vuelve el oscurantismo y la poca trasparencia en el urbanismo de nuestra ciudad”.

La edil insistió en conocer si “se había avanzado algo en resolver la problemática de las viviendas irregulares, esas que el PP dijo que no tenían problemas por ser terceros de buena fe y el Tribunal Supremo ha cuestionado. Las mismas que el Partido Popular iba a normalizar, que tuvo la posibilidad de hacerlo y no hizo, ya que solamente un 7 por ciento de esas 16.500 viviendas dejó regularizadas, apenas 1.000 de esas 16.500”.

Del mismo modo declaró que “queremos saber qué va a ocurrir con las viviendas ilegales, esas que tienen la licencia anulada por sentencia y están esperando la decisión de tribunales sobre qué va a ocurrir con sus casas”.