Casares se posiciona en contra del cierre del Registro Civil

Ante la entrada en vigor en junio de 2020 de la Ley 20/2011, que tiene entre sus efectos el cierre masivo de miles de la oficinas en poblaciones medianas y pequeñas como la de Casares. La Corporación Municipal aprobó ayer por unanimidad en pleno una moción para pedir al gobierno que se mantengan abiertos todos los Registros Civil y Juzgados de Paz que prestan servicios importantes a la población como la inscripción de nacimientos, tramitación de matrimonios civiles y notificaciones judiciales.

La moción presentada por el grupo de Izquierda Unida fue defendida por el teniente de alcalde Juan Luis Villalón que dijo que el cierre de estas oficinas significaba vaciar de competencias a los ayuntamientos pequeños y que los vecinos se tengan que desplazar para hacer gestiones por las que ahora habría que pagar, por lo que se privatizaría servicios públicos. Por lo que desde Casares «defendemos que estos servicios sean públicos gratuitos como hasta ahora».

El teniente de alcalde se refirió a que el personal que atiende estas oficinas, ya sean funcionarios de la Administración de Justicia o de los ayuntamientos como en Casares, prestan a la ciudadanía un servicio profesional, cercano y con asesoramiento personalizado en todos los trámites requeridos.

«El Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los municipios, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes lo que ahora, con su desaparición no podrán seguir haciendo», explica la moción.

El proyecto de reforma que lleva consigo la entrada en vigor de la Ley 20/2011 va a significa una redistribución territorial de los Registros Civiles que supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, obligando a los vecinos de las localidades como Casares a desplazarse a Estepona, e incluso a pagar honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales.

Además, «no está garantizado, incluso, que los vecinos y vecinas de la mayoría de los pueblos de la Comarca, puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en esas localidades cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en los mismos». Con lo que supondrá un nuevo paso hacia la despoblación y lo que se denomina «España vaciada».

Ante esta situación, en la moción aprobada ayer se acordó la oposición del Ayuntamiento de Casares al cierre de los registros civiles y su defensa de que el servicio que presta sea totalmente público, gratuito, y éste siga siendo como se ha venido realizando hasta el momento y en su defecto lo sea prestado por personal de la Administración de Justicia.

Y se insta al gobierno de la nación «a que adopte las medidas oportunas y realice las modificaciones normativas pertinentes para que se mantengan todas las oficinas principales y delegadas del Registro Civil existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz»