El Ayto de Marbella abrirá una nueva Mesa de Negociación del convenio colectivo tras una reciente sentencia

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El Equipo de Gobierno ha anunciado hoy que una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento a abrir una nueva Mesa General de Negociación del convenio colectivo del personal laboral y funcionario del Consistorio tras la anulación de los acuerdos aprobados por el anterior Equipo de Gobierno debido a la vulneración de los derechos fundamentales de varios sindicatos por parte del ejecutivo del Partido Popular de Marbella.

El portavoz municipal, Javier Porcuna; el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, y el responsable del Área de Personal, Daniel Pérez, han señalado que esta medida se adoptará con el fin de evitar “la inseguridad jurídica de forma directa a los 1.500 trabajadores del Ayuntamiento e indirecta de los organismos autónomos y empresas municipales así como a la propia institución”.

La sentencia que anula la convocatoria de la Mesa General de Negociación del 17 de diciembre de 2013 “manifiesta la mala fe del anterior gobierno del PP en política de personal” ya que concluye que “no consta en el expediente que el sindicato UEPAL fuera citado legalmente y en debida forma para concurrir a la convocatoria”.

Por tanto, concluye que “la Mesa de Negociación no estaba válidamente constituida al excluir de forma arbitraria a UEPAL y otros sindicatos con representación en el Ayuntamiento” y, por tanto, “los acuerdos adoptados en ese órgano relativos a las ayudas sociales quedan inicialmente suspendidos, retrotrayéndose a la situación anterior”, ha apuntado Porcuna.

Concretamente anula la ultra actividad del convenio colectivo, la aplicación del RD Ley 20/2012 que acordaba aprobar el acuerdo de ultra actividad al personal laboral, el acuerdo de aplicación de las disposiciones del citado decreto en materia de vacaciones, permisos y licencias así como las ayudas socio económicas incluidas en el convenio municipal. También suspende el acuerdo socio económico de los funcionarios para adaptar a los mismos a los límites del plan económico financiero aprobado por el Pleno el 30 de marzo de 2012.

“Esta situación tiene unas consecuencias económicas y jurídicas para el Ayuntamiento y para los trabajadores que ya hemos empezado a evaluar mediante la solicitud de informes a los técnicos municipales”, ha indicado.

Por su parte, Daniel Pérez afirma que el calado de la sentencia “es similar desde el punto de vista laboral a la anulación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” y supone “un varapalo a la gestión del PP ya que se anulan unos acuerdos debido a la vulneración de derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución”.

Pérez ha recordado que “en su día los grupos de la oposición al anterior Gobierno del PP reprocharon a esta formación y a la exalcadesa, Ángeles Muñoz, su falta de talante y negociación con los trabajadores y su actitud arrogante en política de personal”.

Además, “obliga al Ayuntamiento a abrir una nueva Mesa de Negociación, en la que imperará el máximo respeto a la sentencia y a los derechos laborales, ya que en caso contrario tendría que asumir la administración local medidas como la restitución del seguro médico suprimido por el PP con un coste cercano al millón de euros para las arcas municipales”, ha manifestado el responsable de Personal.

“La mala fe del anterior gobierno está acreditada por el Juzgado de lo Contencioso de Málaga y nos impone en función del principio de proporcionalidad reestablecer el status quo de la plantilla del Ayuntamiento pese a que generaría inseguridad jurídica tanto a trabajadores como a la institución”, ha concluido.