El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Mijas ha denunciado que la actualización del recibo del agua aprobada ahora no es una decisión nueva del actual gobierno, sino la consecuencia directa del acuerdo que el PSOE firmó en 2022 bajo la alcaldía de Josele González, con el respaldo de su equipo y la participación de Ciudadanos con José Carlos Martín a la cabeza.

En mayo de 2022, el gobierno socialista aprobó la actualización del canon conforme al IPC dentro de la encomienda de gestión del servicio. Aquella actualización incluía la regularización de las subidas del IPC acumuladas desde 2013 que no se habían aplicado hasta ese momento. Es decir, el PSOE ya ejecutó en 2022 una revisión por IPC pendiente en virtud del mismo contrato que ahora critican.

Roy Pérez defendió entonces que “el Ayuntamiento debía cumplir su parte del contrato con la empresa gestora”. Exactamente lo contrario de lo que ayer sostuvo en el pleno.

“Quien firmó esa obligación fue el PSOE. No aplicarla hoy no es una opción política, es abrir la puerta a una demanda millonaria contra el Ayuntamiento”, señalan.

Desde VOX recuerdan que si el Ayuntamiento no aplicara ahora esa actualización, la empresa podría reclamar judicialmente los IPC pendientes, de 2021 a 2024, más intereses y costas judiciales. Además, quedarían por añadir los ejercicios 2025 y 2026, lo que podría elevar el impacto por encima del 25 % de golpe.

La formación ha desmontado además el intento de alarma generado por PSOE y Ciudadanos, que ayer realizaron cálculos simplistas en el pleno. “Los datos están en el expediente y en las facturas. Resulta muy triste que tomen por tontos a los mijeños intentando manipular cifras con matemáticas de primaria cuando basta con leer el contrato que ellos mismos aprobaron”.

La actualización del 19,31 % se aplica únicamente a dos conceptos:
•⁠ ⁠Cuota servicio agua: si fueran 11,36€, pasarían a 13,55€
•⁠ ⁠Servicio alcantarillado: si fueran 3,20€, pasarían a 3,82€

El resto de conceptos del recibo permanecen intactos, han explicado desde VOX.

El incremento real en una factura tipo (56,65€) supone una diferencia aproximada de 3,09€, situando el nuevo total en 59,74€. Es decir, no hablamos de ninguna subida desproporcionada, sino de aplicar el IPC acumulado de años que no se ejecutó.

VOX advierte además de que no aplicar la actualización tendría consecuencias directas sobre las inversiones en infraestructuras: seguirían paralizadas las obras de mejora y canalización hacia el nuevo depósito de Mijas Pueblo —clave antes del cierre decretado por la Junta— y no se avanzaría en la desaladora aprobada, pendiente de financiación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

“PSOE y Ciudadanos hicieron ayer un tremendo ejercicio de demagogia en el pleno, pero los documentos son claros. La obligación nace en 2010 y ya en 2022, cuando ellos gobernaban, hicieron una actualización de precios. Si hubiesen leído el expediente entonces —o en los años posteriores— sabrían exactamente lo que firmaron”, concluyen desde VOX.