La Policía Nacional ha desmantelado en La Línea de la Concepción una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se preparó durante más de un año y se ha saldado con 12 personas detenidas y 13 registros domiciliarios, además de 12 mujeres liberadas del control de la trama.
La investigación se inició en 2024 y ha permitido destapar, según una nota de prensa, una estructura organizada que captaba a mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad mediante falsas expectativas laborales vinculadas al ejercicio de la prostitución. Una vez aceptaban las condiciones ofrecidas, las víctimas eran trasladadas y alojadas en distintos inmuebles donde comenzaban a ser sometidas a un sistema de control y explotación.
Los agentes han detenido a 12 personas como presuntas responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva y pertenencia a grupo criminal, además de otros delitos conexos. Durante los 13 registros se intervino abundante material de interés para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades de los investigados. Además, los investigadores localizaron y liberaron a 12 mujeres, presuntas víctimas de explotación sexual.
Las pesquisas permitieron determinar que la organización se aprovechaba de la situación de necesidad económica y administrativa de las mujeres, muchas de ellas en situación irregular en España. Esta circunstancia era utilizada presuntamente como un mecanismo de presión para dificultar que pudieran abandonar la actividad o denunciar a sus explotadores.
La red habría establecido un sistema de vigilancia y control permanente sobre las víctimas. Los responsables limitaban sus movimientos, fijaban sus horarios, seleccionaban a los clientes y gestionaban la totalidad de la actividad desarrollada.
Las mujeres estaban sometidas presuntamente a amenazas e intimidaciones y a una situación de dependencia económica generada mediante el pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos por los responsables de la organización.
Los investigadores constataron además que las víctimas residían en los mismos inmuebles donde eran explotadas sexualmente, permaneciendo aisladas y bajo supervisión continua. Las pesquisas detectaron indicios compatibles con situaciones de explotación y coerción, así como diferentes mecanismos destinados a impedir que las mujeres pudieran abandonar el entorno controlado por la organización.
La investigación permitió establecer, según la Policía Nacional, un reparto de funciones entre los integrantes del grupo criminal. Cada uno de ellos asumiría distintas responsabilidades relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los inmuebles, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los pisos y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.
