Francisca, una vecina de Marbella de 74 años que cobra una pensión de viudedad de 600 euros mensuales, continúa pendiente de desahucio en la barriada Plaza de Toros. El Ayuntamiento ha acordado indemnizarla con 300.000 euros por la vivienda que le expropió en 1992, pero la mujer teme que el dinero no llegue a tiempo para evitar que se quede en la calle. El lanzamiento se ha aplazado hasta el próximo 4 de diciembre.

El caso se remonta a 1992, cuando el Ayuntamiento de Marbella, durante el gobierno del partido del fallecido Jesús Gil, expropió la vivienda de Francisca. Según su abogado, Adrián Peña Escalante, se trataba de un piso de dos dormitorios que estaba pagado y tenía escritura. A cambio, le entregaron otra vivienda sin documentación, según relata el letrado.

En 2002, el consistorio, entonces bajo el mandato de Julián Muñoz, le concedió otra vivienda en precario. En 2014, ya con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento, volvió a cederle otro piso, en el que Francisca ha residido durante casi doce años.

Sin embargo, esa vivienda pertenece a una promotora que reclama su desalojo desde 2022. El lanzamiento se ha suspendido en tres ocasiones y, debido a la situación de vulnerabilidad de Francisca, se ha aplazado hasta el 4 de diciembre.

La presión de las protestas contra los desahucios y la crisis de la vivienda llevó al Ayuntamiento a tomar medidas en este caso. El consistorio acordó indemnizar a Francisca con 300.000 euros, cantidad en la que estaría tasada la vivienda expropiada, según la información publicada por la Cadena SER. La promotora aceptó el acuerdo, pero ahora reclama otros 30.000 euros en concepto de IVA, según explica el abogado, del despacho Escalante Botello.

Francisca podría irse a otra casa, pero su abogado teme que la indemnización no llegue a tiempo para evitar que se quede en la calle. El letrado denuncia el «abandono institucional» que, a su juicio, ha sufrido la mujer, el sufrimiento personal que le provoca el caso y lo que califica de «hostilidad judicial».