Hoy se ha presentado en Marbella la APERCOVE( Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos ) donde se han integrado representantes vecinales de una treintena de Urbanizaciones de toda España. Entre sus objetivos destacan reformar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) española y adaptarla a la realidad de las comunidades de propietarios actuales. Según informa la agencia EFE, la iniciativa ha partido de un grupo de propietarios de la Costa del Sol que ha decidido unirse para defender sus derechos, “cansados” de ver como presidentes y administradores secuestraban sus urbanizaciones “con total impunidad” y al amparo de una “ley obsoleta” por la que no se sienten respaldados, relata la presidenta de la entidad, Elisa Álvarez.

La LPH presenta “muchísimas lagunas y tiene que cambiar”, dice, porque ha llegado un punto en el que “los vecinos no tenemos ni voz ni voto en nuestras casas y estamos totalmente indefensos”.

Presidentes como el de Torre Bermeja (Estepona), que se acaba de subir el sueldo a 103.000 euros o el de Cabopino (Marbella), que se ha contratado un asistente personal por sugerencia de la administración llevan varias décadas “atrincherados en el cargo”, señala Alvarez.

En estos, como en muchos otros, presidente y administrador se resisten a renunciar a los beneficios que les reporta estar al frente de residenciales donde “se manejan presupuestos importantísimos con los mínimos controles” y donde plantear una auditoría contable es prácticamente imposible, destacan desde APERCOVE.

Igual que es imposible, lamenta Alvarez, que se contrate a una empresa distinta a la elegida por la administración ya que en una “urbanización secuestrada” jamás se cuestionan los gastos, no se piden presupuestos alternativos y siempre se paga por encima del precio mercado.

“Llevan años viviendo de nuestras comunidades, que han convertido en sus chiringuitos particulares, y bloquean cualquier iniciativa que no les interese gracias a mayorías que logran con delegaciones de voto”, especialmente de quienes no tienen su residencia habitual en el inmueble, dice Alvarez, que se cuestiona la validez de estas delegaciones.

En el mejor de los casos, las representaciones de voto se intercambian por favores como la limpieza del piso, la entrega de llaves a un inquilino o el arreglo de desperfectos en la propiedad, actividades que acaban realizando los propios empleados del bloque en horario laboral, denuncia la presidenta de APERCOVE.

Y en el peor, añade, se usan delegaciones antiguas o se vota en nombre de propietarios que no han dado su autorización para ello. “La mayoría no se entera porque no acuden a la junta de vecinos y luego ni siquiera se leen el acta”, apunta Álvarez.

En APERCOVE tienen constancia de ello -asegura- y aunque en más de una ocasión han acudido a los tribunales, “la justicia es lenta y cara” y mientras el propietario afectado debe impugnar los acuerdos “poniendo el dinero de su propio bolsillo”, administrador y presidente acuden al juzgado con el abogado que paga la comunidad.

Al final el vecino perjudicado, al que se tacha de problemático ante el resto del vecindario, se ningunea y se aísla, acaba por rendirse y termina vendiendo y marchándose, lamenta la presidenta de la entidad.